martes, abril 26, 2005

Never ending story

Suele afirmarse que la actual Constitución española proclama que el Estado español es aconfesional. No es cierto: lo que sí puede leerse (concretamente en el artículo 16.3 de la Carta Magna) es que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. De tal proclamación no se infiere directamente que el Estado sea aconfesional: se infiere sólo que ninguna confesión será estatal, esto es, que ninguna confesión será la Religión Oficial del Estado.

Así pues, y dado que el Estado no se proclama aconfesional ni ateo, el tal Estado (sus Administraciones varias) podrán elegir, para ciertas ceremonias públicas, ritos, símbolos y objetos de alguna religión. Los símbolos y objetos religiosos que suelen verse en ciertas ceremonias públicas (por ejemplo, en las juras o promesas de cargos públicos de presidentes de Gobierno, ministros, consejeros, alcaldes…) son los de la religión cristiana católica romana: una cruz, una Biblia, etc.

El Estado adopta, pues, a la religión católica romana como “religión oficiosa”, “religión de uso” o “religión de trabajo”. No como religión oficial.

Dicho todo lo cual, debemos, sin embargo, recordar que no forman parte del entramado administrativo estatal español los cargos y entidades religiosos: y así, por ejemplo, no es funcionario público el obispo de Castellón; no es una entidad administrativa pública la diócesis de Zamora; no es representante de los ciudadanos el arzobispo de Sevilla.

Viene esto a cuento de lo que se ha oído esta mañana en el programa de Iñaki Gabilondo en la SER: según el locutor vasco, Monseñor Amigo, arzobispo “de” [sic] Sevilla, habría desmentido que cierto acto de días atrás en la embajada de España en el Vaticano se hubiese desarrollado con tensión entre los presentes. No existe un cargo público tal llamado “arzobispo de Sevilla”. El arzobispado de Sevilla es un puesto privado de una entidad privada no representativa de la ciudadanía sevillana. Hay, sí, la llamada “diócesis” de Sevilla (si no estoy mal informado), que agruparía a los fieles católicos con residencia en la provincia de Sevilla y a los órganos e instituciones privadas del respetable catolicismo sevillano.

No nos cansaremos, pues, de incidir en este malentendido recurrente en los medios de información españoles: las capitales de provincia españolas no tienen obispos ni arzobispos. Son las comunidades de fieles católicos en cada territorio provincial las que cuentan con su propia jerarquía, al frente de la cual se encuentras esos cargos, por lo demás, del todo antidemocráticos.